La investigación, tanto clínica como no-clínica, es fundamental para entender al VIH y saber como responder efectivamente en las áreas de prevención y tratamiento. Dada la extensión de la epidemia mundial, es crucial encontrar medios efectivos para prevenir futuras infecciones. Descubrir medios efectivos y sostenibles para tratar aquellas personas que viven con VIH es esencial para evitar grandes pérdidas de vidas y sufrimiento, así como todos los costos sociales y económicos adicionales asociados con ese tipo de pérdida.
En todas las investigaciones, y específicamente en la investigación biomédica y de ciencias sociales que pudieran generar daños a los participantes, se debe asegurar la protección efectiva de los derechos humanos de los participantes. Tal como lo recomiendan las Directrices Internacionales sobre los Derechos Humanos y el VIH/SIDA, los Estados deben promulgar leyes que regulen la protección legal y ética de los participantes de las investigaciones. Eso incluye asegurar la selección no discriminatoria de los participantes; la protección de la confidencialidad de los participantes y el suministro de asesoría; la protección en contra de la discriminación; y, los servicios de salud y de apoyo durante y luego de la investigación. Eso también incluye el logro de una participación significativa de las comunidades afectadas en el proceso de investigación. El derecho de los participantes a dar su consentimiento informado es esencial en las investigaciones clínicas y otras investigaciones del VIH. Ese derecho se deriva de distintas fuentes, incluyendo el derecho a la privacidad, la seguridad de las personas y a no ser sometidos de manera involuntaria a experimentos médicos tal como es reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El estigma también puede impedir que las personas participen en la investigación del VIH/SIDA, incluyendo los ensayos clínicos de medicamentos, vacunas y microbicidas para el VIH. Si es evidente que estos ensayos incluyen la protección de los derechos humanos e involucran a las personas afectadas en la toma de decisiones, es más probable que las personas participen en los mismos. Una gran cantidad de convenciones, declaraciones, directrices y códigos internacionales y nacionales buscan lograr que los ensayos clínicos y otro tipo de investigaciones sean realizadas de manera ética y respetando los derechos humanos (por ejemplo el Documento Guía de ONUSIDA 2000: Consideraciones Éticas en la investigación científica de una vacuna preventiva del VIH).
Adicionalmente, existe una obligación de derechos humanos en torno a asegurar el acceso equitativo a la información y a los beneficios que se deriven de la investigación, ya sea nuevos tratamientos antirretrovirales o nuevas tecnologías de prevención como microbicidas o vacunas, así como los nuevos conocimientos sobre como los factores sociales y estructurales alimentan la epidemia o impiden el acceso a los servicios. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que todas las personas tienen el derecho a “disfrutar los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones”. Cuando los medicamentos y tratamientos antirretrovirales para las distintas infecciones oportunistas que afectan a las personas que viven con VIH son accesibles, se puede modificar dramáticamente el curso y las consecuencias del VIH. Las vacunas han demostrado que son muy efectivas para prevenir enfermedades, y tenemos buenas razones para pensar que una vacuna contra el VIH será un elemento muy importante para prevenir y luchar contra el VIH/SIDA. Igualmente, el desarrollo de microbicidas efectivos contra el VIH será una contribución importante para prevenir la propagación del virus. Esos métodos de prevención del VIH son de particular importancia para empoderar a aquellas personas – específicamente mujeres y minorías sexuales en distintos escenarios – que tienen limitadas sus habilidades para insistir que sus parejas sexuales tomen medidas de prevención del VIH como el uso del condón y otras prácticas sexuales más seguras. Por lo tanto, como un elemento para garantizar el derecho de las personas a logra el estándar más alto de salud, también reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los gobiernos deben, de acuerdo con los recursos que tienen a su disposición, dar los pasos necesarios para asegurar la disponibilidad de vacunas, microbicidas y tratamientos del VIH para todas las personas una vez estos hayan demostrado su efectividad. Los gobiernos también deben contribuir al desarrollo de estos productos de salud, tomando en cuenta sus propios recursos, incluyendo el apoyo de las investigaciones.